viernes, 22 de diciembre de 2006

Liquidación de los espacios naturales en Murcia.

El primer estudio científico y académico que se realiza sobre la política ambiental en España y varios países de la UE, promovido por el Observatorio de Políticas Ambientales, resulta muy crítico con la gestión que se viene realizando en la Región de Murcia; la cual considera «regresiva» y puesta al servicio del urbanismo privado y de un desarrollo turístico que persigue ocupar -mediante una «desprotección selectiva»- espacios litorales todavía vírgenes y de gran repercusión ambiental.
En concreto, el informe alerta de que la futura Ley de Conservación de la Naturaleza y Protección del Paisaje que prepara el Gobierno regional del Partido Popular «tiene en su punto de mira la liquidación de buena parte de los espacios naturales protegidos en el litoral sur occidental», declarados como tales en una ley anterior de 1992 y que «se deroga por completo».
Advertencia
Asimismo, avisa de que esa futura ley supondrá -si sigue adelante- que no subsista «ningún paisaje protegido o monumento natural al amparo de la ley estatal. En todo el litoral sur occidental de Murcia no quedaría ningún espacio natural protegido, al suprimirse los paisajes protegidos de Cuatro Calas y Sierra de las Moreras, Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso, y abrogar (derogar) definitivamente el parque regional de Cabo Cope-Calnegre».
Red Natura 2000
El documento añade que «únicamente se salvarían de la quema, sin certeza de sus límites definitivos, las zonas que integran la Red Natura 2000, con unos objetivos que en ningún modo justifican la desaparición de la red de espacios naturales protegidos en el litoral sur y buena parte del territorio autonómico».
El análisis sobre la política ambiental de la Región de Murcia en el periodo 1978-2005 ha sido realizado por los profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, Manuel Fernández Salmerón, y Antonio Gutiérrez Llamas. Ambos consideran que «estamos ante un caso insólito de desprotección de la Naturaleza, que ninguna otra Comunidad autónoma ha osado plantear y que constituye una inadmisible regresión de la tutela ambiental. Todo ello además sin motivación alguna que pudiera justificar tamaño giro copernicano en la valoración del medio natural de la Región de Murcia».
Dos épocas
En el amplio periodo analizado en la Región de Murcia se distinguen dos épocas: una inicial de tutela medio ambiental frente las políticas turística y urbanística. Y una segunda fase que corresponde a los años de gobierno del Partido Popular, en la que ha decaído «el intrusismo del legislador» y que tiene su exponente en la Ley del Suelo, que desvela «una claudicante subordinación de los espacios naturales protegidos a una política desarrollista en la urbanización y localización de complejos turísticos».
Los dos expertos administrativistas ponen el punto de mira en la disposición adicional octava a la Ley del Suelo -recurrida en diversas instancias-, que representa «un recorte selectivo de importantes espacios protegidos, utilizando como pretexto la constitución de la Red Natura 2000 y eludiendo los principios constitucionales de publicidad y seguridad jurídica».
El informe es más duro, puesto que habla de una «manipulación interesada» que desvirtúa la Directiva europea al caso. Consideran esa disposición «como un torpedo dirigido a la línea de flotación de algunos de los más señeros espacios protegidos de la Región de Murcia, para facilitar el desembarco del desarrollo turístico en la orla litoral virgen».
Ambos profesores analizan como caso emblemático el Parque Regional Costero-Litoral de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en los municipios de Águilas y Lorca, donde el Gobierno autonómico del Partido Popular promueve un gran complejo urbanístico y turístico que ha declarado de interés regional.

Concretamente, sostienen que más del 62 por ciento de la superficie de este parque regional se desprotege «y todo ello sin publicidad en el Boletín Oficial de la Región de Murcia».
La modificación es de tal envergadura, según señalan los expertos en el informe, «que no se limita a un simple ajuste de límites, sino que opera una inequívoca desnaturalización y degradación de espacios naturales protegidos, que como tal parque regional costero-litoral lisa y llanamente desaparece».